OPINIÓN

 

 
Fernando SANS RIVIÈRE
ÓPERA ACTUAL 216
(SEPTIEMBRE 2018)
 
La unanimidad alcanzada por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Cultura del Congreso el 21 de junio –día mundial de la música– para aprobar el informe del Estatuto del Artista y del Trabajador Cultural es toda una rareza –por positiva– en la política española. El proyecto viene de 2015 y dada la avenencia de todos los partidos, no se espera ninguna traba en su paso y aprobación por el Congreso como una amplia reforma que abordará los problemas de un sector, el del artista y del trabajador cultural, con medio millón de profesionales en España.
Para que se comprenda la profundidad y complejidad del nuevo estatuto hay que tener en cuenta que se tendrán que modificar hasta tres leyes, la del IRPF, la de Autónomos y la de Enjuiciamiento Civil. Todo ello tratando de alcanzar tres grandes revindicaciones del sector en España: una fiscalidad más justa, una mejor protección laboral y seguridad social y la posible compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor. Estas modificaciones quieren mejorar muchos aspectos relevantes de la vida profesional de los artistas, pero también, indirectamente, la de numerosos trabajadores del entorno de la Cultu­ra. En cuanto a la fiscalidad, el informe pretende que se entienda que los artistas tienen unos ingresos irregulares, con años buenos y otros no tanto, y por ello se han adaptado modelos europeos como los del Reino Unido o Dinamarca, que promedian los rendimientos netos del trabajo o de la actividad económica declarados en los últimos tres o cuatro años, afectando con ello –al repartir los ingresos en varios ejercicios– a los tramos progresivos del impuesto. Por otra parte, la comisión propone que la actividad artística pase de tributar el tipo general (21 por cien) al reducido (10 por ciento) y adaptar la ley que regula el IRPF para que los artistas y creadores se puedan acoger a la exención del 30 por cien que contempla la norma para este tipo de ingresos y que, debido a su actual redacción, les quedaba negada. Además se clarifican los gastos aplicables a la profesión –formación, compra de instrumentos, herramientas de trabajo, comisiones de agentes, etc.– y las posibles deducciones –un verdadero drama de reclamaciones y litigios por parte de la Agencia Tributaria y los artistas y managers–; se propone introducir en la norma del IRPF criterios objetivos sobre los gastos fiscalmente deducibles como adquisición y mantenimiento de vehículos, gastos por promoción y relaciones públicas, dietas y gastos de transporte, etc. Por último, y no menos importante, se apuesta por ampliar los mecanismos de cobertura social, por considerar las relaciones laborales como de carácter especial y por solucionar la compatibilidad de prestaciones públicas –tipo jubilaciones– con los ingresos por derechos de propiedad intelectual y actividades creativas, entendiendo que no se debe perder el capital intelectual de creadores y artistas en su madurez al tener que escoger entre seguir creando o cobrar la pensión. ¡Esperemos que se apruebe en su totalidad y lo antes posible!
 
 

 

 
 
 
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